Por, Gustavo Melo Barrera
GMTV Productora Internacional
Miembro de la Red de Periodistas por el Desarrollo Sostenible
En los anaqueles urbanos, un tomate “orgánico” muchas veces es una etiqueta más. En los campos, sin embargo, esa etiqueta significa—o debería significar—un entramado de saberes, confianza comunitaria y cuidado de la agrobiodiversidad. Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) y las redes de semillas criollas y nativas no son una moda ecológica: son herramientas políticas y técnicas para defender la seguridad alimentaria, la dignidad campesina y la resiliencia climática de los territorios.
¿Qué son y por qué existen?
Los SPG son mecanismos comunitarios de verificación de prácticas agroecológicas basados en la confianza, la visita entre pares y la transparencia, en contraste con la certificación privada o estatal de mercado que suele ser cara y centralizada. En Colombia se han venido consolidando en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda y la Costa Atlántica, impulsados por redes campesinas, ONGs y movimientos por la agroecología que buscan formalizar y visibilizar productos sin depender exclusivamente de normas comerciales externas. Su foco no es solo la etiqueta, sino fortalecer capacidades locales y valorizar saberes.
Las semillas criollas y nativas, por su parte, son patrimonio vivo: son la memoria genética de años de selección campesina, adaptadas a suelos, climas y prácticas locales. Los SPG aplicados a semillas funcionan como instrumentos de control de calidad comunitario y como mecanismos de protección frente a la homogenización genética y la privatización de material vegetal. Conservan diversidad y reducen la dependencia en insumos externos.
¿Para qué sirven dentro de las políticas públicas?
En el presente gobierno, la agenda agraria ha puesto en primer plano la reforma de la tierra, la promoción de la agricultura campesina y la soberanía alimentaria: medidas como el reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) buscan legalizar y proteger la territorialidad y los saberes locales como base para la producción de alimentos. Además, resoluciones del Ministerio de Agricultura han reforzado medidas para la conservación de razas y semillas nativas, incorporando mecanismos para proteger la agrobiodiversidad. Estas apuestas abren un espacio para que los SPG y las redes de semillas se integren al diseño de política pública como instrumentos de gestión local y de justicia alimentaria.
RENAF y el registro: reconocimiento y articulación
La Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) y el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF) son iniciativas que articulan organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes y buscan reivindicar la agricultura familiar como eje de la seguridad alimentaria. Estas plataformas no solo registran sino que fortalecen capacidades, promueven mercados locales y visibilizan las iniciativas de producción agroecológica que muchas veces sostienen SPG y redes de semillas. Ese vínculo entre lo comunitario (RENAF) y lo técnico-político (ministerio, decretos) es clave para que las garantías participativas no queden como prácticas aisladas, sino como piezas de una política de Estado.
¿Cómo ven esto los actores en el terreno? Tres miradas.
Para un alcalde municipal mediano, los SPG pueden leerse como una oportunidad para reactivar mercados locales y turismo rural: “un sello comunitario bien construido atrae consumidores conscientes y agrega valor al producto”, comentan técnicos locales que han trabajado con mercados campesinos. Para los gobiernos departamentales, la apuesta es doble: apoyo a iniciativas identitarias que fortalecen la marca territorial, pero también retos en convertir procesos horizontales en políticas con recursos y seguimiento. (Ver ejemplos de mercados campesinos y experiencias territoriales).
Los campesinos, en tanto, repiten una frase que ya es un clamor: “Nosotros alimentamos al país, pero vivimos en la precariedad”. Muchos participantes de redes y SPG relatan que certificarse bajo esquemas comunitarios les ha dado acceso a mercados locales y cierta autoestima productiva, pero subrayan la necesidad de acompañamiento técnico, formación en comercialización y acceso al crédito. Sus testimonios en mercados y encuentros regionales muestran orgullo por recuperar semillas y saberes, y frustración cuando las políticas públicas no traducen ese esfuerzo en cadenas de compra pública o apoyo sostenido.
Para los compradores y comercializadoras, los SPG pueden ser una solución práctica para abastecer gastronomía local y tiendas de soberanía alimentaria con productos auténticos, pero también representan un desafío logístico: escalabilidad, trazabilidad y cumplimiento sanitario en mercados urbanos requieren inversión y esquemas de alianza público-privada o cooperativa que aún están en construcción. En la medida en que los gobiernos incorporen SPG y redes de semillas en programas de compras públicas (alimentación escolar, centros médicos), la demanda podrá estabilizarse y el modelo será viable económicamente.
¿Y qué hacen RENAF y otras entidades para mejorar los estándares alimenticios?
RENAF y organizaciones vinculadas promueven capacitación, formación política y mercados locales; la FAO y agencias técnicas apoyan el Registro Nacional de Agricultura Familiar (ReNAF) para sistematizar información productiva; el Ministerio ha expedido normas y decretos que protegen territorios y agrobiodiversidad. En conjunto, estas piezas apuntan a elevar los estándares alimenticios desde la producción (buenas prácticas, semillas adaptadas) y desde la compra pública (priorizar compra a productores locales), en lugar de imponer únicamente estándares higiénicos que excluyen a pequeños productores.
De experimento a política de Estado
Los Sistemas Participativos de Garantía y las redes de semillas son más que herramientas técnicas: son dispositivos de justicia agraria. Para dejar de ser un “experimento” y convertirse en política real, deben cruzar tres líneas: reconocimiento legal y financiación pública, integración en cadenas de compra pública y privada, y acompañamiento técnico y comercial real y sostenido. Si el país quiere soberanía alimentaria y alimentos de calidad para todos, debe dejar de ver estas iniciativas como nichos y empezar a financiar su escala. Los campesinos ya hicieron la mitad del trabajo: conservar la diversidad, cuidar los suelos y organizarse. El resto depende de decisiones políticas —y de nuestra voluntad colectiva como consumidores— para elegir productos que sostengan ese contrato social entre ciudad y campo.
